Autor
Pedroza de la Llave, Susana Thalía
Descripción
<p>El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formalmente el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con el Federal, mismos que actualmente se desahogan conforme al calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), publicado el 19 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación.</p><p>Un calendario electoral 2018 que determina, entre otros aspectos, las etapas (plazos y términos) en que se cumplen ciertas actividades, tanto por parte de las autoridades electorales, los partidos políticos, las y los candidatos como las y los ciudadanos que desearon contender para un cargo de elección popular de entre los 3,416 cargos que existen y están en juego a nivel local y federal.</p><p>Por supuesto, ese calendario establece también la fecha en que la ciudadanía participará con la emisión de su voto el día de la jornada electoral que será el domingo 1 de julio de 2018, salvo los mecanismos propios para las y los ciudadanos residentes en el extranjero en cuyo caso, incluso, se puede realizar de manera anticipada al 1 de julio.</p><p> ¿Por qué nos referirnos a un calendario electoral 2018 para la historia? Un tema que vino a nuestra mente, luego de escuchar la lamentable noticia del asesinato de un candidato más (ahora en Aguililla, Michoacán), la víctima de la semana que se ha vuelto una inaceptable y condenable realidad.</p><p>Así la violencia política de la que todos hablamos, pero que parece las autoridades responsables de la seguridad pública -sea federal, local o municipal- no escuchan o no atienden en materia de prevención, investigación, persecución, ni mucho menos en cuanto a la reparación integral a la que está obligado el Estado a responder en términos de la Ley General de Víctimas.</p><p>El Proceso Electoral Federal, que comprende la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados federales y senadores, concluirá con la declaratoria de validez de la elección presidencial que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, cada día cobra mayor fuerza -al unísono de las noticias que dan cuenta del homicidio de una o un político más o aspirante- nuestro deseo de que este proceso llegue a su fin y termine la violencia desatada en el terreno de la democracia.</p><p>Hace unos días Etellekt Consultores publicó su <em>Quinto Informe de Violencia Política en México 2018</em>, que da muestra de la grave crisis en materia de seguridad especialmente para las y los candidatos que han sido privados de la vida, ultimados, amenazados, intimidados, secuestrados o que sufrieron algún tipo de agresión o atentado no sólo en su integridad personal o fisica, sino hasta la de sus familiares más cercanos.</p><p>El calendario electoral 2018 decimos, para la historia, porque no hay la menor duda que son históricas las cifras en materia de violencia política, las cuales quedarán gravadas en el acervo de la democracia, tan alarmantes que han dado motivos para la realización de estudios, diagnósticos o de un seguimiento electoral como el realizado por Etellekt Consultores presentando datos y cifras que demandan la atención determinante de las autoridades competentes. Se trata, así, de una responsabilidad de Estado de la mayor trascendencia.</p><p>De acuerdo con el informe Etellekt Consultores Etellekt Consultores, sólo en lo que va del proceso electoral, al 16 junio de 2018, se han registrado un total de 120 asesinatos contra personas políticas de las cuales 80 eran opositoras a los partidos políticos gobernantes en cada entidad federativa donde ocurrieron estos lamentables hechos. La situación no para ahí, esto se agrava cada vez más pues se advierte que también se han presentado 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos, lo que pone en riesgo la gobernabilidad democrática especialmente en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y el debilitamiento institucional.</p><p>De tal manera, el riesgo es mayúsculo, están en juego la vida de miles de personas, la estabilidad política y democrática del Estado mexicano, por lo que no se deben escatimar los recursos de ninguna naturaleza pero, sobre todo, no se puede desatender el cumplimiento del deber establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en el párrafo noveno de su artículo 21, establece: <em>“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala…” </em></p><p>Es necesario a estas alturas de la contienda electoral más competida de la historia de México, llevar a buen puerto el calendario electoral 2018 con sus procesos electorales locales y federal con respeto, en paz y garantizando la seguridad para todas y todos.</p><p>Las cifras negras o rojas, según se quiera ver, son el reflejo del fracaso de las políticas públicas ineficaces en materia de seguridad pública. Para revertir la situación se requiere de pasos decisivos, que exigen voluntad política por parte de las autoridades, pero no solo las responsables de la seguridad, sino de todas las autoridades como coadyuvantes en la tarea más importante que se tiene ante la violencia, la prevención.</p><p>Esa prevención de la que habla la disposición constitucional antes citada, no puede ni debe entenderse como de exclusiva obligatoriedad para las autoridades encargadas de la seguridad, sino extendida a las y los ciudadanos que también tenemos el deber cívico, ético y moral de colaborar con todo el compromiso en materia de prevención del delito.</p><p>Ante instituciones debilitadas por la notoria ineficacia de sus titulares, la única vía para fortalecerlas y recuperarlas es a través de la voluntad política y de la participación activa y decidida de todas y todos. Como bien señalaba nuestro querido colega y amigo el Dr. Jorge Carpizo: “Las instituciones funcionan las que no, en todo caso, son las personas”.</p><p style="text-align: right;"><em>*Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).</em></p><p> </p>
