Descripción
<p><br />En noviembre pasado el conductor y comediante “Facundo” señalaba que el PVEM le había ofrecido dos millones en efectivo por enviar tweets a su favor. Después del segundo debate presidencial la actriz y cantante “Belinda”, de una manera que se presume espontanea, lanzó una serie de mensajes a favor de López Obrador. </p><p> </p><p><br />No es la primera vez que la actriz está en dicha situación. En 2015, en una campaña de posicionamiento del PVEM en plena veda electoral –la cual calificó el TEPJF como fraudulenta-, cerca de 30 celebridades más estuvieron mandando mensajes para promover a dicho partido en un periodo prohibido.</p><p> </p><p><br />A partir de ese entonces ha estado en el escenario del país el uso y abuso de las redes sociales para promover partidos y candidaturas. Dichas acciones se han focalizado en vender un comercial político, con la finalidad de que se venda la idea de que, si un famoso respalda algo, sus seguidores lo harán también. </p><p> </p><p><br />Hoy se puede calcular -aproximadamente- el costo del envío de mensajes, mas no así la cantidad en que se puede vender el uso de una red social para promoción política. Aplica el dicho “dependiendo el sapo, la pedrada”. Como en cualquier negocio, no es lo mismo una cuenta con 100 seguidores que una con millones. </p><p> </p><p><br />Esta situación obliga a ver la legislación de las redes sociales, así como entrar al escabroso tópico de si deben o no regularse. Esto pese a que existen múltiples llamados de organismos internacionales como la Corte y Comisión interamericanas de Derechos Humanos para que se potencialice la libertad de expresión. </p><p> </p><p><br />En México y en el mundo corre la tentación de hacerlo. Se ha hecho, básicamente, en dos formas: 1) el monitoreo de contenido. Por ejemplo, en 2017 Alemania aprobó una Ley que sanciona los discurso de odio en redes sociales; y 2) restricción de las redes. Países musulmanes como Turquía o Libia prohíben el uso de Youtube. Además, Twitter ha sido bloqueada en China, Pakistán y los Emiratos Árabes.</p><p> </p><p><br />A la par, ya corre una tendencia diferente. Después del escándalo ocurrido con la empresa “Cambridge analítica” y el uso de la base de usuarios de Facebook, el sentimiento de regulación se ha fortalecido. Incluso, el propio fundador de la empresa, Marck Zuckerberg, al defender su modelo de negocio señaló que “Internet esta creciendo en importancia en la vida de las personas del mundo y es inevitable que se necesite alguna regulación”. </p><p> </p><p><br />En este tema hay dos realidades en las que debemos trabajar. La primera es que internet y en especial las redes sociales son usadas como plataforma política, de eso ya no hay duda. Incluso, es la nueva forma de hacer campañas. Las mantas, pendones, gallardetes y bardas pintadas pasaron a la historia. Lo de hoy es promocionarse con internautas.</p><p> </p><p><br />La segunda es la necesidad de regular el manejo de la información con la que cuentan los administradores de las redes, así como evitar que a través de las misma se estén produciendo “fake news” que influyan en el animo del elector. Jamás se debería regular contenidos y manifestaciones a favor o en contra de algún partido o candidato. Eso siempre será parte natural de las campañas. </p><p> </p><p><br />El reto esta en potencializar el acceso a la información y la libertad de expresión. Por ejemplo, en Estados Unidos, la jueza federal Naomi Reice Buchwald precisó que, legalmente, el Presidente Trump no puede bloquear usuarios de Twitter porque viola derechos de los ciudadanos -como información y expresión-.</p><p> </p><p><br />De esta manera recordamos que, la restricción que se plantee debe ser la menor y, a su vez, debe garantizar un derecho de igual o mayor medida del que se esta limitando. </p><p> </p><p><br />El costo de una expresión en redes sociales nunca debe ser calculado bajo alguna formula que menoscabe un derecho fundamental como lo son el acceso a la información o la libertad de expresión.</p><p> </p><p style="text-align: right;">*Licenciado en Derecho por la UNAM. Especialista en materia electoral. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br /> </p>
