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    El ABC de las elecciones (La propaganda gubernamental)

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    URI
    http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1414
    Colecciones
    • Opiniones [153]
    Fecha
    2018-04-03
    Autor
    Astudillo Reyes, César I. (César Iván)
    Temas
    Propaganda gubernamental
    Descripción
    <p>La reforma electoral de noviembre de 2007 sent&oacute; las bases para diferenciar la propaganda pol&iacute;tica de la gubernamental con la intenci&oacute;n de distinguir los mensajes emitidos en el contexto de las elecciones, bajo la expectativa de influir en el &aacute;nimo de los votantes, y aquellos dirigidos a informar abiertamente sobre la acci&oacute;n p&uacute;blica gubernamental.&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />A 10 a&ntilde;os de distancia, la carencia de la respectiva ley reglamentaria ha generado el efecto contrario, al permitir que las instituciones y sus titulares hayan podido difundir mensajes orientados a posicionar sus logros y su imagen a trav&eacute;s de ingentes cantidades de dinero p&uacute;blico, alrededor de 9 mil millones al a&ntilde;o, bajo el camuflaje de una pretendida labor de informaci&oacute;n de su actividad institucional.&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para dejar en claro que la inacci&oacute;n del Congreso ha vulnerado sistem&aacute;ticamente el orden constitucional, y afectado sensiblemente la libertad de expresi&oacute;n y el derecho a la informaci&oacute;n ante el uso arbitrario y discrecional con el que se reparte la publicidad oficial entre los medios de comunicaci&oacute;n.&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />El proyecto de Ley de comunicaci&oacute;n social que en breve ser&aacute; discutido en la C&aacute;mara de Diputados, lejos est&aacute; de ofrecer un marco jur&iacute;dico adecuado para garantizar el derecho que tenemos a estar informados sobre la labor del Estado y, sobre todo, para atajar el uso y abuso del dinero que se gasta en publicidad.</p><p>&nbsp;<br />Es as&iacute; porque en esencia, regula una comunicaci&oacute;n social que busca institucionalizar la difusi&oacute;n del quehacer gubernamental mediante campa&ntilde;as de autoreconocimiento dirigidas, as&iacute; sea veladamente, a ensalzar su gesti&oacute;n, sus logros, y atraer adeptos a los pol&iacute;ticos de turno, y no al importante prop&oacute;sito de socializar informaci&oacute;n bajo una exigencia de neutralidad que obstaculice cualquier tipo de influencia o condicionamiento subliminal. No existe en el proyecto disposici&oacute;n alguna para determinar qu&eacute; tipo de informaci&oacute;n debe considerarse de utilidad p&uacute;blica o relevancia social, lo cual constituye el presupuesto indispensable para proceder a su difusi&oacute;n general.&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;<br />Preocupa tambi&eacute;n la forma como se contempla la participaci&oacute;n de los medios de comunicaci&oacute;n, ya que tampoco existen reglas para saber cu&aacute;ndo procede una campa&ntilde;a de comunicaci&oacute;n en la TV, en la radio, en la prensa o en los medios digitales o electr&oacute;nicos. Se echa de menos la regulaci&oacute;n de los m&aacute;s elementales criterios de adjudicaci&oacute;n que obliguen a justificar por qu&eacute; se otorga un contrato publicitario a un medio y no a los dem&aacute;s, aun cuando esto fue objeto de m&uacute;ltiples comentarios de los ministros de la Corte cuando analizaron el tema. Dejar suelta esta determinaci&oacute;n vuelve a la publicidad gubernamental objeto de negociaci&oacute;n pol&iacute;tica. Falta, adem&aacute;s, una directriz que introduzca el criterio de equidad en la asignaci&oacute;n, para que la l&iacute;nea editorial que manejan los distintos medios no sea un criterio de exclusi&oacute;n que restrinja indirectamente la libertad de expresi&oacute;n.</p><p>&nbsp;<br />El proyecto deja de atajar la abierta promoci&oacute;n de servidores p&uacute;blicos, camuflada de informes de gesti&oacute;n que se financian con recursos p&uacute;blicos, sino que los normaliza, aun cuando &eacute;sta y la correspondiente disposici&oacute;n de la LGIPE son abiertamente inconstitucionales. &nbsp;</p><p>&nbsp;<br />La distribuci&oacute;n de los tiempos fiscales del Estado para este prop&oacute;sito parte de considerar que lo que tiene que publicitar el Ejecutivo es m&aacute;s relevante que lo que tienen que decir los dem&aacute;s poderes p&uacute;blicos. Ser&iacute;a m&aacute;s pertinente reservar una tercera parte de esos tiempos a las entidades federativas, para que pudieran reconducir esos ahorros a distintas necesidades sociales. &nbsp;</p><p>&nbsp;<br />Si bien se contempla la planificaci&oacute;n anual de las campa&ntilde;as de comunicaci&oacute;n social, se ha abierto la puerta a los &ldquo;mensajes extraordinarios&rdquo;, que pueden incentivar la difusi&oacute;n de campa&ntilde;as dise&ntilde;adas abruptamente para atender necesidades coyunturales que pueden tener prop&oacute;sitos electorales. En este sentido, es importante un compromiso legislativo a favor de presupuestos r&iacute;gidos, para que los gobiernos est&eacute;n impedidos de gastar m&aacute;s de lo que originalmente se presupuest&oacute; para este rubro.&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />Finalmente, s&iacute; estamos intentando regular la obligaci&oacute;n de informar la actividad p&uacute;blica, parecer&iacute;a mucho m&aacute;s sensato conferir la planeaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de los programas de comunicaci&oacute;n social y la regulaci&oacute;n del gasto en la materia a los 33 institutos de acceso a la informaci&oacute;n del pa&iacute;s. Confiar lo anterior a instancias de car&aacute;cter pol&iacute;tico manda un mensaje directo y contundente de que qui&eacute;n quiera tener contratos publicitarios debe estar bien con el gobierno en turno, porque al final del d&iacute;a, como dice aquella m&aacute;xima, ning&uacute;n gobernante paga para que le peguen. Estamos a tiempo de ajustar ese proyecto. Ojal&aacute; la representaci&oacute;n popular demuestre altura de miras.&nbsp;</p><p style="text-align: right;">*Publicado originalmente el El Universal</p><p style="text-align: right;">Acad&eacute;mico de la UNAM</p>
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